¿Cuál es la causa de la subida de la factura de la luz en enero de 2021?

Los desorbitados precios alcanzados estos días por la electricidad han reabierto el ya clásico debate sobre el funcionamiento del mercado eléctrico en España. En el siguiente post haremos un repaso de la historia del sistema eléctrico de nuestro país, en particular, de la privatización progresiva de Endesa, la cual está íntimamente relacionada con el desajuste de precios que se reflejan en nuestra factura de la luz, que solo atiende a la oferta y la demanda, con el único objetivo de comprender el porqué de la situación actual.

Historia y contexto actual

Hasta el año 1997 el sistema eléctrico español estaba regulado por el Gobierno, presidido en aquel entonces por José María Aznar durante las dos legislaturas del 1996 a 2004 en las que gobernó el Partido Popular. Así, el Ejecutivo establecía el precio de la electricidad. La clave fue la privatización progresiva de Endesa en los 1980 y 1990, siendo determinante el año 1997, como caldo de cultivo en el que se fraguó el expolio actual.

Endesa, fundada como «Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima» (ENDESA) y cuyo nombre legal es Endesa, S.A., es una empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico. Fue fundada por el extinto Instituto Nacional de Industria el 18 de noviembre de 1944, con el objetivo de controlar un sector considerado estratégico como el energético, mediante una empresa pública.

Fue en el 1988 cuando comienza la privatización de la empresa con los socialistas en el poder, bajo el gobierno de Felipe González, en su legislatura cuya duración transcurrió desde el 1982 al 1996, al vender un 25% del capital de Endesa, sacándolo a bolsa. De este modo, arranca su proceso de privatización con una Oferta Pública de Venta (OPV).

La continuó el Partido Popular con Aznar en 1997, año ya señalado, colocando en bolsa otro 35%, nuevamente vía OPV, respecto del 25% ya perdido. Ahí se pierde la mayoría de control público, por ello está operación supone un punto de inflexión.

En 1997, durante el primer Gobierno de Aznar, se promulgó la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico (como transposición de la Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre de 1996), que liberalizaba el mercado eléctrico en España. Y en el año 1998 el PP termina de privatizarla al 97%, nuevamente bajo la legislatura de Aznar.

La liberalización del sector eléctrico alumbra el mercado mayorista o ‘pool’, donde se vende y compra la energía para cada una de las horas del día siguiente. Es un sistema marginalista porque el precio se establece en el punto donde se cruza la oferta de los vendedores (que pueden ser empresas generadoras, importadores, u otros intermediarios) con la demanda de los compradores (comercializadoras, consumidores finales, exportadores).

Simultáneamente, el gobierno de aquel momento blinda estatutariamente el consejo de administración de la compañía para garantizar su futuro control ejecutivo con directivos políticamente afines. Anecdóticamente comentamos que por eso Manuel Pizarro, diputado del Congreso por el PP, pudo conservar la presidencia de Endesa después de que Rodríguez Zapatero (PSOE) ganara las elecciones de 2004. En 2001, el grupo ya era un negocio monumental: 13.500 millones de ingresos y 4.400 millones de beneficios anuales.

Con posterioridad, el gobierno de Zapatero no pudo retomar el control de Endesa, siguiendo una ideología nada afín a la privatización, a diferencia de Aznar y Felipe González, siendo éste último de su propio partido político. Lo intentó en 2005 a través de la OPA (Oferta Pública de Adquisición) de Gas Natural, todo ello con el objetivo de apoderarse nuevamente del sistema eléctrico español, a fin de continuar en esta situación de privatización. Pizarro, todavía presidente de Endesa, con la complicidad del PP, se revolvió para hacerla abortar.

Finalmente, tras 2 años de una batalla político-económica extraordinariamente agresiva y costosa, la constructora española Acciona y la empresa italiana Enel formalizaron la compra de Endesa por más de 40.000 millones de euros. Una de las operaciones más caras de la historia económica europea. Y de aquellos barros, estos lodos.

En la actualidad, Endesa es una de las tres grandes compañías privadas del sector eléctrico en España, que junto a Iberdrola y Naturgy, dominan en torno al 90% del mercado eléctrico nacional.  Endesa desarrolla actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad y gas natural.

En los últimos años, España ha experimentado un importante aumento en la cantidad de comercializadoras que ofrecen sus servicios, al margen de estas tres, y se ha convertido en uno de los países con más compañías de luz por habitante ya que podemos encontrar unas 270 compañías que trabajan por hacerse con algunos de los 29.000.000 de contratos que existen en nuestro país.

Se critica que miembros del gobierno de España, después de abandonar el cargo, sean contratados por empresas eléctricas que operan en el país, lo que denominamos como “puerta giratoria”, de modo que gobiernan atendiendo a intereses económicos, primando éstos frente al interés público. Felipe González (PSOE) en Gas Natural, o José María Aznar (PP) en Endesa, ambos ex Presidentes del Gobierno, o el mencionado Manuel Pizarro, presidente de Endesa en tiempos y diputado en el Congreso por el PP.

Empresa pública como posible solución

Este mes de enero de 2021 hemos vivido una subida histórica de la luz. Se trata de un incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista que ha rozado los 95 euros por megavatio/hora (Mwh). Por el momento, el Gobierno lo único que ha hecho es plantear a la CNMC una investigación para evitar abusos por parte de las compañías eléctricas.

Como podemos deducir, la intervención de lo público en los sectores estratégicos es fundamental para garantizar servicios esenciales, como es el caso de la energía. De este modo, lo óptimo sería crear una empresa pública de energía para competir con el oligopolio privado, o valorar la posibilidad de recuperar para lo público empresas malvendidas a capitales extranjeros, como Endesa, si los altos cargos rebotados de la política lo permiten.

El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, SOE por sus siglas en inglés), un organismo internacional compuesto por 38 estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, analizaba el papel de las empresas estatales y recordaba que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial tienen participación pública, en un listado que incluye empresas energéticas de países como China o Venezuela, México y Rusia, pero también de Canadá (Hydro-Quebec, 100% propiedad de ese Estado), Estados Unidos, cuna del neoliberalismo (Tennessee Valley Authority o TVA, un gigante que opera en los estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Misisipi, Carolina del Norte y Tennessee), Suecia (Vattenfall), Francia (EDF y Engie), Brasil (Electrobras), Japón (Tepco, que tuvo que ser rescatada por el Estado nipón tras el desastre nuclear de Fukushima) e Italia (Enel – de la cual el Estado italiano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, aún se mantiene como el principal accionista –. Recordamos que es la empresa que ostenta la mayoría de las acciones de Endesa).

Fuera de esa clasificación de las más grandes del mundo, entre los países desarrollados hay un amplio abanico de ejemplos de compañías eléctricas en manos públicas, como las también canadienses Saskpower, BC Hydro y Ontario Power Generation; la australiana Synergy; la holandesa Eneco (propiedad de 44 ayuntamientos del país); la mayor eléctrica austríaca, Verbund (51% estatal); la israelí IEC (100% estatal), la finlandesa Fortum o la suiza Repower (cuyo 51,79% pertenece a los cantones de Zurich y Graubünden), por citar algunos ejemplos.

También reflejaba el estudio, ajustando el peso de los SOE por su participación en las distintas empresas, que España es el segundo país desarrollado con menor peso público en la generación de electricidad, solo por detrás de Portugal, que tuvo que vender su participación en la antigua eléctrica pública EDP por exigencias de la Troika tras el rescate de 2010.

A nivel estatal, tomamos como ejemplo la empresa pública Eléctrica de Cádiz, que ha informado de que no subirá la luz en los dos primeros meses de este año, esto es, no va a repercutir a su clientela en su factura eléctrica el aumento del precio de la electricidad que se está registrando en los primeros días de enero de 2021 en el mercado mayorista.

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