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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la presentación para su convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley que da amparo legal a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El Ejecutivo socialista considera que debe hacerse mediante decreto, contra el criterio de PP y Ciudadanos, por la premura de la medida.
El decreto se publicará mañana en el BOE y entrará en vigor el domingo. La convalidación en el Congreso se deberá producir en el plazo de un mes. Puesto que se publica mañana, actualizaremos el post con el contenido del Decreto y con todas las implicaciones que conlleva, como la modificación del artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica.
A partir de la exhumación y, según la vicepresidenta y ministra Carmen Calvo, el Valle cumplirá el respeto de las víctimas de ambos bandos y la paz en el sitio. De esta forma, el decreto tendrá concordancia tanto con las indicaciones de Naciones Unidas, como con la Ley de Memoria Histórica de 2007, 11 años después de su aprobación. Es inasumible una tumba de Estado para Franco en una democracia madura, ha opinado la vicepresidenta.
Han sido muchas las llamadas de atención de la ONU al Estado español por esta cuestión. Existen diversidad de informes de las Naciones Unidas mostrando su absoluto rechazo y desacuerdo respecto de la nula actuación del gobierno en lo que se refiere al resarcimiento de las víctimas, recuperación de los cadáveres y rehabilitación de una memoria histórica veraz y respetuosa.
Simplemente vamos a rescatar algunos más recientes, concretamente del año pasado, para que quede plasmada la insistencia de la ONU, aunque recordamos que este tema ha sido una constante para las Naciones Unidas durante décadas.
En palabras del experto en justicia transicional (relator especial) de la Organización de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, el 19 de mayo de 2017:
«El experto Pablo de Greiff le recordó hoy a España que el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo y señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo»
“El Valle de los Caídos, por ejemplo, sigue simbolizado la asimetría de antaño en la memorialización de la guerra y las víctimas, y la más reciente falta de acción del Estado en favor de una memoria más objetiva e incluyente”
«El sitio no proporciona ningún tipo de información o señalización para explicar la simbología franquista y fascista. No se explica quién fue José Antonio Primo de Rivera, ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica, ni por qué Franco fue inhumado ahí sin ser víctima de la Guerra Civil”
“Tampoco se explica que el Valle de los Caídos fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas, sobre los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin consentimiento o conocimiento de sus familiares”
«La nulidad de las sentencias –incluyendo sentencias de muerte- adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo, es otra de las medidas de reparación pendientes y urgentes. No puede justificarse hoy la falta de acción en este ámbito en un Estado de derecho»
“Es necesaria una política de Estado decidida que no quede presa de las tensiones y divisiones políticas, pero que garantice medidas integradas, coherentes, prontas e imparciales, en favor de la verdad, la memoria y la reparación. Se trata de derechos humanos, no de política partidista”
Teniendo en cuenta que el Estado español hizo caso omiso a esta llamada de atención, en septiembre del 2017 las Naciones Unidas de nuevo emitían otro informe insitiendo en su propósito y obligando al Gobierno a tomar las medidas necesarias, que dispone lo siguiente:
«El Grupo de Trabajo lamenta observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas posteriormente a su visita en septiembre de 2013 y alienta a España a seguir trabajando para la cabal implementación de éstas, así como las recomendaciones formuladas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas y por el Relator Especial (citado anteriormente) sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad»
«El Grupo de Trabajo entiende que la actuación sobre el Valle de los Caídos requiere de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas como ya se ha mencionado en su informe de visita. Se lamenta no obstante, que el Estado no haya indicado las medidas concretas para llevar a cabo las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011«
El Valle de los Caídos es un conjunto monumental construido entre 1940 y 1958, en pleno franquismo, como un homenaje a los «héroes y mártires de la Cruzada» que «legaron una España mejor», es decir, a los que lucharon y murieron por Franco durante la Guerra Civil, como deja claro la orden firmada por el dictador en 1940. O esa era la idea inicial; no para la reconciliación, ni para ambos bandos, como se reinventó más tarde el franquismo.
Además de emplear a personal contratado, también se construyó con el trabajo de presos políticos bajo las normas del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, un organismo que hizo posible la utilización de los presos políticos como mano de obra en condiciones de explotación.
Hay una fundación religiosa que se creó en 1957 para gestionar el Valle y que está en una situación jurídica confusa. No rinde cuentas, pese a que recibe todos los años dinero público. ¿Cuánto recibe de los presupuestos generales del Estado? El equipo de Baltasar Garzón pudo revelar que desde 2012 a 2015 ha recibido 340.000 euros anuales.
Están enterrados en diferentes criptas y pisos 33.833 cadáveres, de los cuales 12.410 son de personas desconocidas, lo que lo convierte en la mayor fosa común de España. En su origen, como especifica el decreto, ese iba a ser el lugar para los héroes del franquismo. En un momento dado, la dictadura decide trasladar miles de cuerpos de republicanos represaliados, en muchos casos sin permiso ni conocimiento de sus familias. Una carta del ministro de Gobernación fechada en 1958 constata el cambio de rumbo del Valle y especifica que se harán las inhumaciones sin distinción del campo en el que combatieran.
Como ya todos sabemos, Francisco Franco (y José Antonio Primo de Rivera) está enterrado con todos los honores y lápida frente al altar mayor de esta basílica, lo que las familias de las víctimas consideran un agravio. Además, no es un «caído por España» en la guerra, de modo que vulnera el espíritu con el que el propio Franco construyó el Valle.
Hasta la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica en 2007, cada 20 de noviembre (fecha de la muerte de Primo de Rivera y de Francisco Franco), el Valle de los Caídos se convertía en punto de reunión para ultraderechistas seguidores del franquismo y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.
Impensable esta situación en países que también han sufrido el fascismo, como Italia (Mussolini), Alemania (Hitler) o Chile (Pinochet). Sus gobiernos no han enaltecido los actos de los demás dictadores, los han condenado, a diferencia de España.
Es más, Chile lleva gran ventaja a España en este aspecto, ya que hoy viernes la justicia chilena sentenció que la familia del dictador Augusto Pinochet deberá devolver al Estado 1,6 millones de dólares en bienes malversados de su propiedad.
El artículo 15.1 de la Ley de la Memoria Histórica, sobre símbolos y monumentos públicos, señala que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Y el artículo 16.2 de dicha ley, en lo que se refiere al Valle de los Caídos, dispone que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.
[EDITADO EL SÁBADO 25/8/2018]
El Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, ha sido publicado en el BOE a fecha de hoy, sábado 25 de agosto.
Atendiendo a sus disposiciones, la presencia en el recinto del Valle de los Caídos de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda. El presente Real Decreto-ley pretende poner fin a esta situación, al establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra. Así mismo, consagra de manera expresa el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas.
En esta proposición no de ley el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar las recomendaciones del Informe de 2011 de manera «urgente», señalando además como «preferente» la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos. De esta forma, resulta manifiesto que el mandato que el Congreso de los Diputados dirige al Gobierno debe cumplirse a la mayor brevedad.
El propósito del Ejecutivo es que sea una exhumación discreta para evitar incidentes y podría realizarse en dos meses, una vez la cámara baja le dé el visto bueno. El acuerdo de este viernes tendrá una duración de doce meses, si bien la vicepresidenta considera que podría ser antes de final de año y no ha querido pronunciarse sobre un lugar para el caso de que la familia no se quiera hacer cargo. La vicepresidenta ha reconocido que la exhumación llega tarde y ha apuntado que el Gobierno de Rajoy dejó inane la ley de Memoria Histórica de Zapatero. Además ha recordado el informe de los expertos que consideraba preferencial la exhumación, que llega 40 años después de que se aprobara la Constitución.
A mayor abundamiento, la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma legal viene apoyada y avalada por la perentoria exigencia de dar cumplimiento a los reiterados requerimientos de Naciones Unidas que, en los últimos años, ha venido requiriendo al Estado español para que dé cuenta de las medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática. Tal y como hemos explicado en los anteriores apartados.
La ausencia de actividad gubernamental previa dirigida al cumplimiento del mandato parlamentario urgente y preferente del año 2017 no impide al ejecutivo usar, en este momento, la legislación de urgencia. En efecto, el hecho de que una situación haya sido tolerada por largo tiempo debido a la inactividad del Gobierno y al desconocimiento de un deber de normación impuesto por las Cortes Generales no es óbice para que se haga frente a la misma por vía de la legislación de urgencia.
Finalmente, la circunstancia de que los restos de Francisco Franco hayan estado depositados durante décadas en el Valle de los Caídos no excluye la utilización de la figura del real decreto-ley. El carácter estructural de esta situación no impide que en el momento actual pueda convertirse en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad atendiendo a las circunstancias concurrentes.
El presente Real Decreto-ley añade un apartado 3 al artículo 16 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, referido al Valle de los Caídos. Este nuevo apartado consagra el Valle de los Caídos como un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje a los fallecidos en la Guerra Civil, disponiendo que solo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto.
Para dar cumplimiento a este nuevo apartado del artículo 16, se incorpora la Disposición Adicional 6ª Bis, que articula un procedimiento de exhumación y traslado legitimando al Consejo de Ministros para su incoación y resolución. Además, el procedimiento diseñado prevé expresamente las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares, quienes podrán disponer sobre su destino si lo desean.
En conclusión, la exhumación será con todas las garantías correspondientes y legales y la familia será oída y tendrá 15 días para hacerse cargo de los restos de su familiar. En caso de que no se pronuncien o no planteen ningún lugar será el Gobierno quién decida a que lugar digno y respetuoso se trasladen los restos, por lo que habrá un segundo acuerdo en función de lo que diga la familia.
Imagen: Noticia al minuto
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