La Audiencia Nacional confirma la sentencia para 18 condenados por financiar ilegalmente al PP en la Comunidad Valenciana

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado las penas impuestas por el Juzgado Central de lo Penal de entre 4 meses de cárcel y 6 años y 9 meses para 18 de los 20 condenados en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y en las generales del 2008.

La Audiencia Nacional dictaba sentencia sobre la trama Gürtel, encabezada por el empresario Francisco Correa. En dicha sentencia, los jueces consideran que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Segunda confirman las penas impuestas hace un año en las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública y rechaza los recursos presentados por la Fiscalía y por varios de los acusados.

La Sala únicamente estima parcialmente el recurso de Correa en el sentido de modificar las cuantías de las multas impuestas por delitos contra la Hacienda Pública por las que fue condenado por el Impuesto de Sociedades y de IVA.

En este procedimiento fueron juzgados un total de 20 acusados, clasificados en tres grupos: los acusados vinculados a Orange Market, los vinculados al PPCV y los empresarios.

La sentencia del Juzgado Central de lo Penal impuso al líder de la trama, Francisco Correa, 5 años y 3 meses de prisión; a su mano derecha, Pablo Crespo, 5 años de cárcel, y a Álvaro Pérez 6 años y 9 meses. Por su parte, entre la excúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia condenó al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa a 4 años de cárcel, y que al no recurrir ya es firme. También se impuso la pena de 3 años y 4 meses a la exgerente del partido Cristina Ibáñez, otros 3 años y 8 meses para el exsecretario David Serra y 4 meses para la extesorera Yolanda García.

La Sala de lo Penal confirma los hechos probados de la sentencia de instancia y relata que a finales de 2006 Orange Market fue contratada por el PPCV para desarrollar sus campañas electorales de las elecciones autonómicas y municipales de 2007, así como las generales de 2008.

La empresa y el partido, dice la Audiencia, no respetaron los límites cuantitativos y requisitos impuestos a la formación por las leyes de régimen electoral y de financiación de partidos políticos. Añade que los responsables del PPCV condenados rebasaron completamente los límites legales del partido e idearon un sistema de forma que Orange Market cobrara los servicios prestados a través de empresarios simpatizantes y beneficiarios de adjudicaciones de obra pública, que “aceptaron ese acuerdo con la esperanza de obtener una posición ventajosa en futuras adjudicaciones”.

Explica la Sala que se ideó un sistema que consistía básicamente en el pago de cantidades en metálico y en dinero B y en el pago de cantidades que se justificaban con unas facturas que no respondían a la realidad, porque el servicio reflejado en las mismas no había sido prestado al destinatario de la factura, sino al PPCV.

José María Aznar aseguraba ante la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP, que no existe ninguna «caja b» en su partido, y ha negado que cobrara u ordenara el pago de sobresueldos ilegales a dirigentes del PP, a pesar de que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el «caso Gürtel» dice lo contrario.

A su vez, continúa la resolución, los ingresos que los responsables y socios de Orange Market obtenían por esta singular forma de cobrar sus servicios no eran transparentes para la Hacienda pública, por lo que varios de los acusados han sido condenados también por delitos fiscales por impago del impuesto de sociedades, del IVA e incluso del IRPF.

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