El Bitcoin se ha convertido realmente en un fenómeno financiero y cultural desde el inicio de la crisis del coronavirus. El boom ha sido tal que ya lo conoce prácticamente todo el mundo. Esta criptomoneda, o moneda virtual, es vista como algo revolucionario porque permite a las personas enviar fondos con la misma facilidad que los correos electrónicos, incluso a través de fronteras internacionales.
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En la noche de ayer se emitía en prime time la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva en Telecinco. La cadena ha emitido los dos primeros capítulos en los que Rocío Carrasco rompe su hermetismo y explica el motivo que le ha llevado a salir de las sombras y pronunciarse por primera vez tras veinte años de silencio. En el siguiente post resumimos el recorrido de la batalla judicial que a día de hoy continúa abierta frente a su ex marido, Antonio David Flores.
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El Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, ha aprobado la ley del suicidio asistido promovida por el PSOE, que entrará en vigor dentro de tres meses. Una gran mayoría del Congreso ha aprobado la ley de forma definitiva, mientras que PP y Vox se quedan solos en su rechazo a una norma muy demandada por la sociedad y que ha aunado el consenso de casi todo el arco parlamentario.
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La violencia de género se comprende como todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, efectuadas sobre aquella mujer que todavía sea o haya sido cónyuge o esté o haya estado ligada a su agresor por relaciones análogas de afectividad, aun sin convivencia. ¿Cómo se regulan estas conductas en el Código Penal?
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La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a Vodafone con un total de 8.150.000 euros por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos y no frenar las comunicaciones comerciales, como llamadas telefónicas y envío de mensajes SMS y correos electrónicos, cuando se le pedía. La AEPD otorga un plazo de seis meses a la operadora para acreditar que se han ajustado a las leyes de protección de datos.
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