El Tribunal Supremo ha fijado en dos sentencias que es la Administración penitenciaria, y no la sanitaria, la que debe hacer frente a los costes de la prestación sanitaria en los hospitales públicos de las comunidades autónomas a internos en centros penitenciarios que tienen la condición de asegurados, afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social.
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Los gastos sanitarios originados a raíz de un accidente de tráfico no son sufragados por la Seguridad Social, deberán ser abonados por las compañías aseguradoras según las condiciones de cada póliza. El accidentado tiene el derecho a la libre elección de centro sanitario, se encuentre o no en la lista de los propuestos por su aseguradora.
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La justicia ha anulado la orden del Gobierno catalán que garantizaba la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón al Ministerio de Sanidad, que en 2015 se opuso a la decisión de la Generalitat de mantener la cobertura médica a los inmigrantes que estuvieran empadronados.
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