El Juzgado de lo Penal n.º 1 de Granada dictó el pasado día 20 de diciembre de 2018 una sentencia en la que ha condenado al abogado del fallecido alcalde de Atarfe como autor de un delito de denuncia falsa a una pena de 14 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros y a que indemnice al magistrado del Juzgado de lo Penal nº 2 de Granada, a la cantidad de 3.000 euros, mas las costas procesales. Además, la Sentencia condena a dar cuenta de esta resolución al Ilustre Colegio de Abogados, por si de la conducta se deriva responsabilidad disciplinaria y ordena su difusión en medios de comunicación local.
La sentencia de conformidad dictada por el Juzgado de lo Penal 1 indica que el abogado presentó en su día una querella contra el Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 2 de Granada, querella que no fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que tuvo repercusión en diferentes medios de comunicación. Según se recoge en los hechos probados, el abogado, que actuaba como letrado ejerciendo la defensa del que fuera alcalde de Atarfe (Granada) en un procedimiento que se seguía a este en el Juzgado Penal 2 de esta ciudad, y a instancia de su cliente el día 19 de diciembre de 2016 presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, dirigida contra el magistrado titular de dicho Juzgado, ”en la que, sabiendo del carácter mendaz, vertió contra este último una serie de afirmaciones en relación a una resolución que no satisfacía las pretensiones de su cliente”.
Así, manifestaba en dicha querella que “el Magistrado había creado un entramado judicial para la absoluta ilegalidad y arbitrariedad de sus decisiones, habiendo presionado al forense para la emisión de un informe incidiendo en el sentido del mismo”, además de que “el juzgado desprecia la salud de mi mandante anteponiendo su interés procesal el de sentar en el banquillo a toda costa al anterior, dado que el juzgado quería un informe a medida; aquí es donde mejor se manifiesta la conducta prevaricadora del Juzgado, pues tenía una resolución prejuzgada con anterioridad al dictado de informe alguno”.
También lo acusaba de decidir “por su cuenta de riesgo solucionarlo prevaricando, causando un grave daño a mi mandante”, incidiendo en que “como la estrategia le ha salido mal se las ingenia para buscar la contraria obligando al señor Sánchez a declarar, apercibiendo al forense de que lo haga de forma latente por la cercanía del juicio”.
Junto a ello, señalaba la querella que “es evidente la connivencia entre forense juzgado, que sólo en unas horas conciertan una trama judicial contra mi mandante” y que la declaración estaba sustentada en “informe médico falso creados ex profeso por encargo de un juez prevaricador”, un informe que, según el escrito, “fue dirigido por el señor H., con las consignas que torticera y dolosamente se le habían indicado”, concluyendo que “este juzgado está por encima del bien y del mal”. El abogado ha reconocido la falsedad de dichas afirmaciones y ha aceptado la condena.
