Un total de 38.619 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 40.319 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ.
Las denuncias presentadas suponen un incremento del 1,9% con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 39.586. Asimismo se incrementó en un 2,1% el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2018 fue de 37.829.
En el primer trimestre de 2019, de las víctimas, 25.848 mujeres eran españolas (un 66,9%) y 12.771, extranjeras (un 33,1%), datos que implican un aumento de tres puntos en el porcentaje de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 16,11, las comunidades de Baleares, con una ratio de 23,21, Comunitat Valenciana, con ratio de 21,19, Canarias, con ratio de 20,74 y la Región de Murcia, con una ratio de 19,16 mientras que la proporción más baja se dio en Castilla y León, con un 10,08 seguida de Extremadura, con 10,67 y Galicia, con una ratio de 10,86.
Un 73,6% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un incremento de cinco puntos sobre el porcentaje observado en el primer trimestre del año anterior.
Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 12,03% de los casos –dato inferior al año anterior- constatándose un descenso en las denuncias presentadas por familiares, que se situaron en un 1,73% del total, frente al 2,5% del primer trimestre de 2018. Más de un 9% de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y más de un 3% a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.
En 3.759 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 9,73% del número de mujeres víctimas, cifra notablemente inferior al año anterior, que fue de un 11,18%.
En 2.421 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.338 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (10,48) que en las mujeres españolas (9,37).
Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.
Durante el primer trimestre del año se solicitaron 10.922 órdenes de protección en los órganos judiciales, incrementándose así la cifra de 10.455 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior. Un total de 9.530 órdenes, que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas, fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone un incremento del 4,68% respecto al primer trimestre de 2018, en que se solicitaron 9.104 órdenes de protección.
Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el primer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.999 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así levemente la cifra de 3.984 medidas adoptadas el año anterior.
En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 15.337, lo que supone un notable incremento respecto de las 14.881 acordadas en el primer trimestre de 2018. Entre las medidas acordadas, destacan la orden de alejamiento, adoptada en 5.704 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.003 casos. Se adoptaron asimismo 334 medidas privativas de libertad.
Durante el primer trimestre de 2019, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.187 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,6% (9.043) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 0,1 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 68,5% del total.
Según los datos estadísticos dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 86,33%, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 82,52%, ambos porcentajes ligeramente superiores a los del primer trimestre de 2018. Un 57,33% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.
Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el primer trimestre de este año un total de 1.887 juicios sobre delitos leves, de los que un 38% (717) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 77% de los casos los juicios fueron por injurias o vejaciones injustas. Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre 51.568 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 50,6%, corresponde al delito de maltrato habitual contemplado en el artículo 153 del Código Penal y un 14,3% al maltrato previsto en el artículo 173 de la misma norma.
Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 8.330 asuntos, superando una vez más el número de asuntos que ingresaron, que fue de 7.701. Estos juzgados dictaron 8.059 sentencias, de las que el 57,33% (4.620) fueron condenatorias, lo que indica un leve descenso respecto al año anterior.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales, especialmente las de carácter penal, tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores.
También es destacable que se haya reducido notablemente el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar. Las cifras de este primer trimestre de 2019, que bajan por primera vez en la historia del 10% de renuncias, nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia.
También es positiva la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, que nos vuelven a colocar en porcentajes superiores al 68% de las sentencias dictadas por los diferentes órganos judiciales.
Al constatar, por otra parte, el incremento de las denuncias (un 1,9% más que en el primer trimestre de 2018), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la necesidad de seguir apostando por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas y vuelve a reclamar la mayor implicación de familiares y personas cercanas a las víctimas a la hora de la presentación de denuncias.
No es posible permanecer al margen ni buscar equidistancias cómplices. Necesitamos acabar con las cadenas de la violencia. Lo hacen cada año más del 70% de las mujeres que la padecen, cuando dan ese primer paso, difícil pero imprescindible, de romper el silencio.
Finalmente la presidenta del Observatorio quiere recordar a todas las entidades sociales e instituciones públicas la necesidad de perseverar en las líneas de trabajo marcadas por el Pacto de Estado de 2017. Se lo debemos a las mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista. Es el compromiso que hemos asumido para lograr una sociedad más justa y más libre, donde la igualdad sea su eje principal.
