La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado, de forma consensuada con el Ministerio de Justicia, levantar a partir del próximo miércoles 15 de abril las limitaciones establecidas el pasado 18 de marzo a la presentación de escritos por medios telemáticos a través de LexNET o de los sistemas equivalentes habilitados en Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco.
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La concentración de personas que viven en aquellos edificios en los que se desarrollan determinadas obras, en los cuales los trabajadores de la obra deben compartir determinados espacios comunes con los residentes, implica un incremento del riesgo de contagio por COVID-19, resultando necesario, para garantizar la contención de la pandemia, proceder a suspender la ejecución de determinadas obras. ¿Cuáles son estas obras no permitidas a partir del días 13 de abril?
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial toma conocimiento de un documento base sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus, en vista de la crisis desatada, que afectará también a los tribunales. En el presente post se encuentra el documento para descargar.
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La crisis sanitaria motivada por el COVID-19 ha desencadenado nuevas realidades vinculadas a la falta de empleo, por ello, resulta necesario completar el ámbito de la cobertura para incluir nuevas situaciones de necesidad, como es el caso de los trabajadores del hogar, o los trabajadores temporales cuyo contrato finaliza durante la vigencia del estado de alarma, a quienes se le concede un subsidio para afrontar su precaria situación.
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La crisis del coronavirus ha afectado también a los consumidores y a los usuarios. Un ejemplo de ello son las cancelaciones y anulaciones de viajes, pero no solo eso, afecta a cualquier contrato de compraventa o prestación de servicios, en cuanto a la devolución del producto, o la ejecución del contrato. ¿En qué se traduce esto? ¿Cuál es la situación en la que quedan los usuarios? ¿A qué tienen derecho?
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