La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la pena de prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del menor Gabriel Cruz en la localidad almeriense de Níjar. El tribunal ha desestimado tanto los recursos de la acusación particular como del Ministerio fiscal y ha estimado parcialmente el de la defensa, por lo que ha sido absuelta de los dos delitos de lesiones psíquicas y ha mantenido los dos delitos contra la integridad moral.

El tribunal rechaza, de esta manera, la nulidad del juicio y la repetición del mismo solicitada tanto por la defensa como por la acusación particular. En este sentido, considera que no hubo parcialidad en las instrucciones dadas por la magistrada Presidente al Jurado, unas indicaciones que los magistrados del TSJA califican de correctas, útiles y adecuadas a la naturaleza de los extremos más delicados sobre los que había de pronunciarse el Jurado.

Exclusión del ensañamiento

También rechaza el motivo esgrimido por la acusación particular respecto a la falta de motivación para excluir el ensañamiento. Así, indica que la motivación del Jurado es más que suficiente y no difiere de como habitualmente tribunales profesionales explican por qué han creído a un perito y no a otro cuando éstos se contradicen en aspectos puramente técnicos que el juez o el jurado ignoran.

¿Tribunal profesional o Tribunal del Jurado?

Tampoco estima la Sala Civil y Penal los recursos de la defensa sobre la necesidad de que este asunto fuese juzgado por un tribunal profesional debido a la desmedida repercusión mediática. En este punto, la resolución explica que la exposición a los medios, aunque introduzca un indudable factor de complejidad, no determina en sí misma, objetiva y automáticamente, ni la inidoneidad de un Tribunal del Jurado como órgano decisorio, ni desde luego la nulidad del veredicto.

¿Doble aplicación de la alevosía?

Respecto a la calificación penal de los hechos, la defensa de la acusada consideró que la circunstancia de la edad de la víctima fue considerada en dos ocasiones: tanto para apreciar la alevosía (que convierte el homicidio doloso en asesinato) como para la aplicación de la pena de prisión permanente revisable. Es decir, la corta edad de la víctima habría de servir primero para que el homicidio se calificara como asesinato, dado que la imposibilidad física de defensa implica que hubo alevosía. Pero, además, la misma circunstancia de edad se emplearía para aplicar la pena de prisión permanente revisable.

La deficiente redacción legal genera dudas jurídicas sobre la aplicación de la prisión permanente revisable en este tipo de casos, a falta de jurisprudencia. El motivo es que se exige un requisito no permitido en el ámbito penal: usar dos veces una misma circunstancia en perjuicio del acusado. En atención al principio non bis in ídem, no condenar dos veces por lo mismo.

La manera de sortear este obstáculo planteado es demostrar que, además de la edad, hubo otra circunstancia que permitiera calificar los hechos como asesinato. Por ejemplo, el ensañamiento. Para el presente caso, esta circunstancia queda descartada por las razones anteriormente expuestas.

La sentencia recuerda que no existe todavía doctrina jurisprudencial consolidada, pero que, en este caso, la acusada aprovechó, por un lado, la inferioridad física de la víctima, y por otro preparó un modo de ejecución de su plan criminal que neutralizaba la eventual defensa natural de un niño de ocho años. Así, explica que el ataque contra el menor fue alevoso porque neutralizó las (escasas) defensas de la víctima, entrando en juego la prisión permanente revisable porque la muerte alevosa recayó en un menor de dieciséis años.

De este modo, el tribunal distingue entre la alevosía, que se aprecia en virtud de la forma en la que se comete el delito, y la agravación de especial vulnerabilidad que se aplica si la víctima es menor de 16 años, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad (art 140.1ª del Código Penal).

Hay por tanto un fundamento para considerar el homicidio como asesinato (alevosía que subyace en el plan criminal ideado por Ana Julia para neutralizar a la víctima) y otro distinto para castigar el asesinato con la pena más alta posible (la edad del niño). Eso implica que no se trata de un supuesto de bis in ídem y que la prisión permanente puede mantenerse.

¿Lesiones psicológicas y psiquiátricas de los padres o daño moral?

En cuanto a los delitos de lesiones psíquicas, la Sala entiende que el inconmensurable sufrimiento (y probables secuelas psicológicas o psiquiátricas) derivado del hecho de perder a un hijo de ocho años de manera violenta y de manos de una persona cercana al círculo familiar, está integrado en el delito de asesinato, y aunque pueda calificarse como “lesión”, no puede dar lugar a un reproche penal adicional, sino únicamente a una mayor indemnización en concepto de responsabilidad civil derivada de delito de asesinato.

Por el contrario, considera que algunos hechos, como una cierta ‘sobreactuación’ y protagonismo y las palabras de esperanza que dirigía a los padres, sabiendo que el menor estaba enterrado, pueden considerarse valorables a fin de integrar un delito autónomo, por no ser necesarios o imprescindibles, ni siquiera propios de un simple autoencubrimiento. Pero, según la resolución, no tienen entidad para integrar un delito de lesiones psíquicas, pero sí la tienen para constituir un delito contra la integridad moral.

En este sentido, redunda en que la motivación dada por el Jurado proviene de su consideración sobre la “maldad” de la acusada, que no se agota en el hecho de la muerte en sí, sino también en la frialdad con la que se comportó después. Es decir, de la reprobación moral y social de su modo de comportarse, infiere una intención lesiva.

La resolución explica que las secuelas descritas en el informe pericial psiquiátrico responden al hecho principal de la pérdida del hijo por causa violenta (asesinato), y la espera durante once días sin saber si vivía o no, ni si lograrían en algún momento saber qué ocurrió. El plus que sobre ello supone recordar, a posteriori, la sobreactuación de Ana Julia y sus palabras de esperanza, por más que incrementen el “daño moral” (indemnizable civilmente), no guardan con el resultado de lesiones esa relación de causalidad íntima y directa.

Por último, indica en que difícilmente puede concluirse que la intención de Ana Julia fuese lesionar psíquicamente a los padres del menor con ese fingimiento, sobreactuación y palabras de esperanza, cuando su primero y principal objetivo era no ser descubierta jamás, pues si hubiera logrado tal objetivo, los padres únicamente padecerían el enorme sufrimiento propio de la muerte o desaparición de su hijo, pero no el añadido de recordar el fingimiento y sobreactuación de la culpable no descubierta. Por ello, convierte en irrazonable la apreciación del Jurado de que tales comportamientos que excedían del mero autoencubrimiento los llevó a cabo Ana Julia con dolo de causar más dolor y consiguientemente lesiones psíquicas a los padres.

 

 

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