Ante las noticias sobre un retraso en la celebración de la prueba de acceso a la profesión de abogado que debería tener lugar el próximo mes de febrero y que podría aplazarse a mayo o junio, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado que ese retraso carece de la más mínima justificación, al igual que la disminución de sedes, decidida de forma unilateral por el Ministerio de Justicia, que perjudica los derechos de los aspirantes a abogados y crea una situación de vacío que afecta directamente a todos los operadores jurídicos. El Pleno ha acordado por unanimidad reclamar su celebración en la fecha prevista y en todas las sedes, y ponerse a disposición de todos los afectados y afectadas.
El comunicado completo aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Español es el siguiente:
“El Consejo General de la Abogacía Española siempre se ha mostrado colaborador con el Ministerio de Justicia en lo relativo a la prueba de acceso a la profesión y a la formación de los futuros abogados y abogadas, poniendo a su disposición en gran número de ocasiones todos los medios personales y materiales de los que dispone. La colaboración en este sentido ha sido estrecha, al igual que en los proyectos para la mejora de la prueba y la mayor adaptación a su finalidad que se planteaba a futuro.
La Abogacía considera que el anunciado retraso de la prueba –se habla de la posibilidad de su celebración en los meses de mayo o junio- carece de la más mínima justificación y viene a ser un paso atrás más, unido a la disminución de sedes que de forma unilateral ha decidido el Ministerio de Justicia para la segunda prueba anual, que perjudica los derechos de los aspirantes a abogados y crea una situación de vacío que afecta directamente a todos los operadores jurídicos.
Por ello el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha adoptado por unanimidad instar al Ministerio de Justicia a que adopte las medidas materiales y de personal necesarias para la puntual celebración de la prueba de acceso (posterior a la formación reglada que deben superar los estudiantes para acceder a la profesión). Con el objetivo de dar solución a este retraso injustificado, la Abogacía manifiesta su total disposición a continuar con la colaboración prestada.
Al mismo tiempo, el Consejo General de la Abogacía se pone a disposición de todos los afectados y afectadas, al objeto de poder actuar conjuntamente en la búsqueda de soluciones al problema planteado”.
