El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que protege a menores de maltrato físico, psicológico y emocional, ya no entrará en vigor al frustrarse la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
La ministra de Justicia solicitaba a principios de este mes a la Fiscalía General del Estado información sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones sexuales de religiosos a menores. La petición se enmarca en el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece que la fiscal general del Estado “informará al Gobierno, cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia”.
En su escrito al organismo que dirige María José Segarra, la ministra Delgado recordaba que el Consejo de Ministro había aprobado en primera vuelta el pasado 28 de diciembre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia “cuyo objetivo es otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional”.
El documento subrayaba que uno de los aspectos de ese anteproyecto es la reforma de las agresiones y los abusos sexuales cometidos a menores. Esa modificación cambiaría el régimen de prescripción de estos delitos para que el plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18 como actualmente.
Delgado justificaba esos cambios por los “efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que los sufren, efectos que perduran durante gran parte de su vida adulta”. También señaló que su objetivo es “garantizar que el perjudicado o perjudicada haya alcanzado suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar”.
Por último, el escrito reflejaba cómo, en los últimos meses, los medios de comunicación han divulgado numerosos casos de supuestas agresiones sexuales cometidos en el seno de congregaciones e instituciones religiosas, instituciones que, en muchos casos, han contribuido a la ocultación de esos delitos y “a la protección de los victimarios”.
Esas informaciones periodísticas han generado “una importante alarma social” y “una fuerte demanda para que este Gobierno aborde este fenómeno”, explicó la ministra Delgado en su escrito a la fiscal general. Como decimos, tras el fracaso de los Presupuestos Generales del Estado, esta medida en favor de niños, niñas y adolescentes ya no tendrá lugar.
