La Comisión Europea ha publicado el cuadro de indicadores de Justicia en la UE correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE. Su objetivo es ayudar a las autoridades nacionales a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales. Comparado con las anteriores ediciones, el cuadro de indicadores de 2018 refuerza, en particular, la sección sobre la independencia judicial, pertinente para evaluar el Estado de Derecho. Se examinan con mayor detalle los consejos del poder judicial, la intervención del poder ejecutivo y el parlamento en los nombramientos y destituciones de jueces y presidentes de los tribunales, y la organización de los servicios de la fiscalía. Presenta también, por primera vez, datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias.
La Abogacía Española, a través de CCBE, ha contribuido con datos en varios apartados del Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE:
- Asistencia jurídica y tasas judiciales.
- Asistencia letrada y tasas judiciales.
- Intercambios entre tribunales y abogados.
- Razones para el (no) uso de las TIC entre los tribunales y los abogados.
También se menciona a las Abogacías institucionales europeas en las preguntas y respuestas, como parte de la metodología utilizada en el cuadro de indicadores de justicia de la UE.
El cuadro de indicadores de Justicia es parte del instrumental utilizado por la Comisión para hacer un seguimiento de las reformas en el ámbito de la justicia de los Estados miembros, junto con el Semestre Europeo, el Marco para reformar el Estado de Derecho, el mecanismo de cooperación y verificación, y los procedimientos de infracción. La Comisión también considera que la buena gestión financiera de los fondos de la UE por parte de los Estados miembros exige una protección judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes. Por lo tanto, como parte del marco financiero plurianual, la Comisión ha propuesto un nuevo mecanismo de respeto del Estado de Derecho.
En el caso de España, esta edición 2018 mejora la nota en el conjunto de indicadores sobre eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea y coloca a España en la media de los Estados miembros: destaca por la accesibilidad de su sistema de Justicia y por la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita, gestionado por los Colegios de Abogados, y que garantiza el acceso a la Justicia para todos aquellos ciudadanos que se sitúan un 40% por encima del umbral de la pobreza marcado por Eurostat, un nivel sólo alcanzado en la UE por Dinamarca.
A pesar de destacar la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita, nuestros Abogados de Oficio perciben de media entre 115 y 130 euros por expedientes, de esta forma, se estima que sale la hora a 2 euros. El Ministro de Justicia anunció que se va a llevar a cabo un incremento en un 30% los baremos, aunque para muchos es insuficiente puesto que queda mucho por hacer para que las dotaciones sean dignas y acordes al trabajo que implica el turno.
Las principales conclusiones del cuadro de 2018 son las siguientes:
- Independencia judicial: La percepción de la independencia del poder judicial por parte de las empresas ha mejorado o se ha mantenido estable en aproximadamente dos tercios de los Estados miembros, con respecto al año anterior o desde 2010, aunque también ha empeorado en algunos países. Tanto los ciudadanos como las empresas consideran las injerencias o presiones por parte del Gobierno y los políticos como la causa principal de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces. El nuevo indicador sobre la organización de los servicios de la fiscalía demuestra que existe una tendencia generalizada hacia una mayor independencia de la fiscalía, en lugar de una fiscalía subordinada o vinculada al poder ejecutivo.
- Recursos financieros de los sistemas judiciales: En general, el nivel del gasto de las administraciones públicas en el sistema judicial se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, pero existen grandes diferencias entre los países. Los Estados miembros utilizan sobre todo costes históricos o reales para determinar los recursos financieros, en lugar de basarse en la carga de trabajo real o las peticiones judiciales. Dieciséis Estados miembros han utilizado los fondos de la UE en apoyo de sus sistemas judiciales.
- Eficiencia de los sistemas judiciales: Se puede observar una evolución positiva en los Estados miembros con problemas, pero los procedimientos civiles y mercantiles siguen siendo muy largos en varios Estados miembros. En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero, los procedimientos judiciales en primera instancia en aproximadamente la mitad de los Estados miembros duran hasta un año de media. Pueden durar un promedio de incluso dos o más años en otros Estados miembros.
Los resultados del cuadro de indicadores de 2018 se tuvieron en cuenta en la evaluación específica por país llevada a cabo en el Semestre Europeo de 2018 y en las propuestas de recomendaciones específicas para cada país formuladas por la Comisión Europea el 23 de mayo de 2018. Esas recomendaciones de actuación son objeto de debate entre los Estados miembros en el Consejo. Los dirigentes de la UE las aprueban en junio antes de que el Consejo las adopte en julio. A continuación, los gobiernos incorporan las recomendaciones a sus planes de reforma y a los presupuestos nacionales del año siguiente.
El cuadro de indicadores se centra en contenciosos civiles y mercantiles, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por sentar las bases para un entorno más favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:
- Eficiencia: indicadores sobre duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.
- Calidad: indicadores sobre asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales, formación, supervisión de las actividades de los órganos jurisdiccionales, presupuestos y recursos humanos.
- Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre las empresas y la población en general, así como sobre las salvaguardias relativas a los jueces.
La mejora de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales es una prioridad bien asentada del Semestre Europeo, que es el ciclo anual de coordinación de las políticas económicas de la UE. El cuadro de indicadores de la justicia de la UE ayuda a los Estados miembros a alcanzar este objetivo al proporcionarles un análisis comparativo anual del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales.
FUENTES:
