El Tribunal Supremo ha fijado en dos sentencias que es la Administración penitenciaria, y no la sanitaria, la que debe hacer frente a los costes de la prestación sanitaria en los hospitales públicos de las comunidades autónomas a internos en centros penitenciarios que tienen la condición de asegurados, afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social.
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El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por el Consejo General de la Abogacía Española contra la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por el que se atribuye a determinados juzgados que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las cláusulas abusivas.
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El número de sentencias dictadas en el segundo trimestre del año por los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 17.485, lo que representa un incremento del 28,8% respecto a las 13.578 notificadas en el primer trimestre de 2018.
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España recibirá 25,6 millones de euros para mejorar la capacidad de recepción en su costa sur y en Ceuta y Melilla, así como para facilitar los retornos. Otros 20 millones de euros han sido otorgados a ACNUR para mejorar las condiciones de acogida en Grecia, especialmente en la isla de Lesbos.
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La Directiva anti-blanqueo tiene por objetivo la protección del sistema financiero mediante la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, introduciendo nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras de las sociedades y otras entidades jurídicas. Se amplía el ámbito de aplicación a los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias.
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El Tribunal Constitucional ha avalado la financiación pública de los colegios que segregan a sus alumnos por razón de sexo. Por mayoría de ocho votos, el Tribunal Constitucional rechaza así los recursos presentados por el PSOE, y también por los Gobiernos de Andalucía, Canarias y Asturias.
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