Etiqueta: Mascarillas

El Supremo desestima un recurso contra el uso de mascarillas al tratarse de una medida legítima y proporcionada

La Sala responde que es legítima la disposición ordenando el uso de mascarilla en razón de que, en el actual estado de conocimiento de propagación del virus COVID-19, es necesaria y proporcionada para alcanzar el fin de interés general de protección de la salud, al constituir una medida que puede contener la progresión de la pandemia. Los hipotéticos riesgos siempre serán menores que el beneficio de la prevención obtenida.

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Todo lo que necesitas saber sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas

La normativa vigente regula el uso obligatorio de mascarilla por parte de la población a nivel estatal. Esta disposición genera dudas: ¿A partir de qué edad? ¿Hay excepciones al uso obligatorio? ¿Qué tipo de mascarillas es la recomendada por las autoridades sanitarias? ¿No llevar mascarilla constituye alguna infracción administrativa? ¿Es sancionable económicamente? ¿A cuánto asciende la multa?

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El procedimiento de “Habeas Corpus”

Esta expresión jurídica se ha popularizado en las últimas semanas al ser usada por las personas que se oponen al uso de mascarillas para evitar los contagios de coronavirus. Con ese recurso creen que pueden evitar que la policía las detenga por incumplir con las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia, de modo que lo invocan erróneamente, creyendo evitar un arresto por no cumplir las medidas de seguridad. ¿En qué consiste?

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Uso obligatorio de mascarillas a partir del jueves, 21 de mayo

La evolución de la crisis sanitaria, que se desarrolla en el marco del estado de alarma, obliga a adaptar y concretar de manera continua las medidas adoptadas, para asegurar la eficiencia en la gestión de la crisis. En este marco, y ante la alta transmisibilidad del COVID-19, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad y en las personas asintomáticas, se hace preciso dictar una orden para regular el uso de las mascarillas, estableciendo los casos y supuestos en los que su utilización será obligatoria.

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El Gobierno fija un precio máximo para productos sanitarios (mascarillas y geles) a fin de facilitar el acceso de toda la población

Publicada una nueva Orden que tiene por objeto la fijación del importe máximo de venta al público de los productos sanitarios, así como de otros necesarios para la protección de la salud de la población frente al Covid-19, al ser necesario establecer las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan acceder, de forma informada y en condiciones económicas no abusivas, a dichos productos.

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El Supremo desestima la medida cautelarísima para instar a Sanidad a proveer en 24 horas de medidas de protección a todos los centros sanitarios

La CESM presenta solicitud de medidas cautelarísimas contra el Ministerio de Sanidad para que en 24 horas provea a todos los centros sanitarios del Estado de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de residuos. El Supremo se ha pronunciado denegando la adopción de dichas medidas, disponiendo que no consta ninguna actuación contraria por parte de los responsables públicos.

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Un Juzgado de lo Social obliga a la Consejería de Sanidad de Madrid a proveer material sanitario contra el coronavirus en 24 horas

Un Juzgado de Madrid acordaba admitir las medidas cautelarísimas contra la Consejería de Sanidad madrileña para que en 24 horas provea a todos los centros sanitarios de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de residuos. Esta resolución se contrapone con la sentencia dictada por un juzgado tinerfeño, que establecía que no se puede obligar al cumplimiento de una orden materialmente imposible.

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Un Juzgado advierte que no es posible imponer a una empresa la obligación de facilitar mascarillas a sus trabajadores

Una magistrada ha desestimado la petición formulada por UGT para que se aseguraran mascarillas de inmediato a todos los trabajadores de una empresa de ayuda a domicilio que presta servicio al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al entender que no se puede obligar a la empresa ni al Ayuntamiento a cumplir una orden que resulta materialmente imposible según las leyes de la lógica y la realidad.

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