La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia número 517/2018, relativa a un procedimiento por una estafa grave, cuya víctima fue un discapacitado intelectual, ha remitido la versión de Lectura Fácil que el Tribunal ha extendido para la mejor y mayor comprensión de la misma por parte de la víctima.
Los tres jueces que firman la resolución han aplicado el programa de Lectura Fácil en colaboración con la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual con el ánimo de que, siempre y cuando sea necesario, se emplee en aras de prestar un servicio público de Justicia de calidad a este colectivo.
El afectado tiene reconocida una minusvalía del 42% como consecuencia de presentar inteligencia límite y trastorno de la personalidad asociado, lo cual supone una merma de las capacidades adaptativas y condiciona una situación de vulnerabilidad.
“Este documento es una sentencia judicial de un proceso penal”. Así empieza la inédita resolución. Los magistrados decidieron, por primera vez, evitar en su dictamen todo tecnicismo para que el implicado lo entendiera.
El tribunal, presidido por el magistrado David Cubero, tomó dos decisiones: por un lado, buscar a una persona que estuviese con él durante la vista y le explicase lo que allí estaba sucediendo; y, por otro, redactar una sentencia lejos de los tecnicismos jurídicos.
“El juez es quien decide si se pone un castigo o no a la persona que ha hecho daño a alguien; la sentencia judicial tiene que ser obedecida por todos, una denuncia es contarle a la policía o a un juez lo que ha pasado”
La víctima conoció a una chica en 2012, y se enamoró de ella. Y ella aparentó estarlo de él. Entre la chica y la madre de ésta “manipularon” su voluntad y le esquilmaron sus ahorros. Hasta le embarcaron en un préstamo hipotecario que él debía pagar a lo largo de muchos años con la nómina de 734 euros que percibe por su trabajo en un supermercado.
El engaño se destapó pronto, aunque para entonces había firmado un crédito hipotecario de 86.000 euros en favor de ambas mujeres y les había transferido otros 24.000 euros. Un allegado suyo destapó la estafa, y el asunto acabó en los juzgados.
Antes del verano se celebró el juicio en la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal, consciente de las limitaciones intelectivas de la víctima, le proporcionó un “facilitador” que le explicó por qué estaban allí sentadas esas personas (su amiga y la madre de ella) y el papel de los diferentes actores: jueces, abogados, y fiscal.
Los tres jueces del tribunal (David Cubero, ponente, Pilar Alhambra y Javier Ballesteros) elaboraron la sentencia oficial, la que dirigen a las partes, y enviaron una copia original a la Fundación A La Par, dedicada a ayudar a personas con discapacidad, para que redactase una en la modalidad de lectura fácil. Y, hecho eso, la remitiesen al tribunal para ponerle el sello de la Audiencia y el aval de los jueces y entregarla a la víctima.
En el documento judicial entregado a la víctima explica qué es una denuncia (“contarle a la policía o a un juez lo que ha pasado para que puedan ayudarle”); qué es un juez (“una persona que juzga si una situación es justa”) y qué es un juicio (“el proceso donde un juez valora la situación y toma una decisión”).
También explica en qué consiste un juicio penal, “el proceso penal es el conjunto de trámites y acciones que ocurren desde que se pone una denuncia hasta la decisión final de un juez”, y la sentencia, “el juez decide si se le pone un castigo o no a la persona que ha hecho daño a alguien. La sentencia judicial es la decisión final de un juez después de un juicio. Y tiene que ser obedecida por todas las personas implicadas en el juicio”.
Además, los jueces le detallan que la persona que conoció en 2012 se aprovechó de “su vulnerabilidad” para “obtener su dinero”. En los fundamentos de derecho, explican que “las acusadas han reconocido los hechos probados”. Y le indican que, debido a que ellas han aceptado las penas, estas han sido rebajadas y no tendrán que ir a la cárcel, pero, eso sí, con la condición de que devuelvan 3.000 euros en la siguiente semana a la publicación de la sentencia y que paguen 300 euros mensuales, entre los días uno y cinco de cada mes, hasta saldar el total del dinero que le estafaron. La hija ha aceptado una pena de dos años y dos meses de prisión y la madre de 15 meses.
