El número de asuntos resueltos en el primer trimestre del año por los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 16.988, lo que representa un incremento del 60,5% respecto a los 10.586 asuntos resueltos en el último trimestre de 2017.
Estos órganos judiciales, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del año pasado, conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
El aumento de la cifra de asuntos resueltos coincide con la disminución del número de asuntos ingresados, que entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fue de 57.955, un 26,5% menos que en el trimestre anterior, cuando se recibieron 78.829. También es inferior al registrado en el tercer trimestre de 2017 –59.327 asuntos-, pese a que ese periodo incluía el mes de agosto, inhábil en la jurisdicción civil. La caída en la entrada de asuntos se observa también en la evolución dentro del propio trimestre: si en enero ingresaron algo más de 26.000 asuntos, en febrero fueron en torno a 17.000 y en marzo poco más de 13.000.
El incremento del número de asuntos resueltos y el descenso de los ingresados ha supuesto que la tasa de resolución a nivel nacional en el primer trimestre del año haya alcanzado el 29,3%, frente al 13,4% del último trimestre de 2017. Esta tasa, que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado, pone en relación el volumen de entrada con la capacidad resolutiva del órgano judicial.
Los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial indican que en el primer trimestre de 2018 la tasa de resolución ya fue superior al 50% en cuatro Comunidades Autónomas: Asturias (donde llega al 94%), Castilla y León, Navarra y La Rioja.
Otros cinco territorios –Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco- se sitúan por encima de la media nacional con tasas de resolución que van del 29,9% de Cantabria al 45,8% de Castilla-La Mancha.
Por debajo de la media nacional se sitúan Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Cataluña, teniendo esta última, con un 12,3%, la tasa de resolución más baja, si bien es la única, junto con Madrid, en la que el número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2018 (10.276) fue superior al registrado en el último trimestre del año pasado (9.943).
En el primer trimestre del año, los Juzgados especializados dictaron 13.573 sentencias, un 67,6% más que en el trimestre anterior. En total, y desde que se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017, estos órganos judiciales han dictado 22.899 sentencias, de las que el 97,6% han sido favorables al cliente.
La unificación de criterios que indica el elevado porcentaje de sentencias estimatorias en todo el territorio nacional es uno de los factores que explican el descenso en el número de asuntos ingresados, al propiciar que las entidades bancarias lleguen a acuerdos extrajudiciales, evitando el litigio.
También se prevé que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 21 de marzo sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tenga efecto en la entrada de demandas que se refieran a esta cuestión, al haber determinado ya que el pago del impuesto por la constitución de préstamo incumbe al prestatario, mientras que, por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.
Las sentencias no son las únicas formas de terminación de los asuntos que entran en los Juzgados especializados. También pueden concluir por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes.
Los datos estadísticos indican que la tasa de sentencia, que pone en relación el número de sentencias dictadas con el de asuntos resueltos, se ha ido incrementando desde la puesta en marcha de los Juzgados.
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