Aumentan un 2,3% las condenas a los maltratadores
Durante el primer trimestre de 2018, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 12.975 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,5% (8.892) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 2,3 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 66,2% del total.
Según los datos estadísticos dados a conocer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 84,1%, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 81%. Un 58% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias. Todas estas cifras suponen incrementos de entre dos y tres puntos respecto a las del mismo trimestre del año anterior.
Un total de 37.829 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 39.586 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2018, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ.
Las denuncias presentadas suponen una disminución del 2,3% con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 40.509. Asimismo disminuyó en un 0,5% el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2017 fue de 38.018. En el primer trimestre de 2018, de las víctimas, 26.283 mujeres eran españolas (un 69,5%) y 11.546, extranjeras (un 30,5%).
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 15,89, las comunidades de la Región de Murcia, con una ratio de 21,90, Baleares, con ratio de 21,76 y la Comunidad Valenciana y Canarias con tasas ligeramente superiores a 20, mientras que la ratio más baja se dio en Galicia, con 9,60, seguida de Castilla y León, con 9,82, Extremadura, con 10,29 y La Rioja, con 10,89.
Casi un 68% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un descenso de dos puntos sobre el porcentaje observado en el primer trimestre del año anterior. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16,25% de los casos, dato levemente superior al año anterior, constatándose un incremento en las denuncias presentadas por familiares, que se situaron en un 2,58% del total, frente al 1,3% de 2017. Cerca de un 9% de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 5% a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.
En 4.231 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 11,18% del número de mujeres víctimas, cifra similar al año anterior, que fue de un 11%.
En 2.767 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.464 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (12,68) que en las mujeres españolas (10,53).
Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.
Durante el primer trimestre del año se solicitaron 10.455 órdenes de protección en los órganos judiciales, disminuyendo así la cifra de 10.690 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior. Un total de 9.104 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone una disminución del 3,54% respecto al primer trimestre de 2017, en que se solicitaron 9.438 órdenes de protección.
Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 68,7% de las órdenes de protección solicitadas (6.254 adoptadas frente a 9.104 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un incremento de un punto respecto al dato del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 67,7% de las órdenes de protección solicitadas.
De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 6.410 (un 70%) correspondieron a mujeres españolas y 2.694, a extranjeras. 258 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, un 3% del total.
En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.351), se acordaron 1.047, un 77% (cinco puntos más que en el año anterior). En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 7 de cada 10 víctimas que solicitaron orden de protección eran españolas. Un 2% de las solicitudes se referían a mujeres menores de edad.
Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el primer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.984 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así la cifra de 3.851 medidas adoptadas el año anterior.
De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.137) y de prestación de alimentos (1.409). En 298 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 206 casos a la suspensión del régimen de visitas.
En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 14.881, de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 5.758 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 5.513 casos. Se adoptaron asimismo 350 medidas privativas de libertad.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas:
- En primer término, el incremento de las medidas judiciales tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores, y de manera notoria las órdenes de protección concedidas, que llegan casi al 69 por ciento del total de órdenes solicitadas.
- También es destacable que apenas haya variado el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar.
- En el mismo sentido, cabe destacar la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, tras el aumento interanual de más de dos puntos porcentuales.
Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona.
Al constatar, por otra parte, el descenso de las denuncias (un 2,3% menos que en el primer trimestre de 2017), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la disminución, siempre importante, del número de víctimas de violencia de género y también en el incremento, todavía pequeño, de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas, y por otro lado, en la necesidad de apostar por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas.
La presidenta del Observatorio, desde el más profundo reconocimiento a la labor que llevaron a cabo los grupos parlamentarios para alcanzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, vuelve a apelar al esfuerzo y a la generosidad de todos los estamentos sociales y políticos para que puedan ser visibles muy pronto los efectos beneficiosos del mismo, ya que se ha abierto, sin duda, un nuevo horizonte de esperanza en el largo, y duro, camino de la lucha contra la violencia sexista.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, insiste en que las víctimas de violencia de género se merecen la unidad de todos (fuerzas políticas y sociales, colectivos y corporaciones, sociedad y medios de comunicación) en la respuesta frente a un fenómeno que tiñe de sangre nuestra convivencia ciudadana.
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