Justicia estudia la racionalización del régimen de aforamiento de los cargos públicos, así lo ha anunciado la ministra Dolores Delgado ante el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno.

El aforamiento se trata de una protección que hace que diputados, senadores y miembros del Gobierno solo puedan ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo ante cualquier presunto delito cometido. En el caso de los diputados y gobernantes autonómicos, el aforamiento les lleva a los tribunales superiores de esa comunidad.

“La supresión de todos los aforamientos políticos en España llevaría el principio de igualdad de los españoles ante la ley del artículo 14 de la Constitución a un escenario verdadero en el siglo XXI y, al mismo tiempo, haría un llamamiento claro a la independencia del Poder Judicial, pilar básico del Estado”, porque supondría eliminar “un privilegio ya sin parangón en el ámbito europeo más cercano”, ha defendido la titular de Justicia, que ha recordado su condición de doble aforada como fiscal y como miembro del Gobierno.

La ministra ha defendido la necesidad de reducir el “excesivo” número de aforados y de “racionalizar” el régimen de aforamiento para limitarlo a los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo que se beneficia de esta excepcionalidad procesal. Pero Delgado también ha advertido de que el derecho a ser juzgado por un tribunal distinto al del resto de ciudadanos si un cargo público resulta imputado en una causa criminal está previsto tanto en la Constitución como en otras normas de distinto rango.

La supresión de todos los aforamientos políticos de autoridades nacionales requiere una reforma constitucional, “no pareciendo que la coyuntura actual avale la apertura de un proceso de reforma como ése”, ha señalado la titular de Justicia, que ha añadido que eliminar todos los aforamientos políticos de autoridades no nacionales necesita arbitrar reformas plurales de los estatutos de autonomía que deben ser ratificadas por el Congreso. Y “la eventual supresión de los aforamientos, políticos o no, no va a afectar nunca a las condiciones de la inviolabilidad y la inmunidad, que seguirán presentes para todos los actores políticos como prerrogativas constitucionales y legales”, ha concluido.

En su intervención ante el Pleno del Congreso, la ministra Delgado ha coincidido con su interpelante en que “la regeneración democrática se ha convertido en una demanda urgente de la sociedad durante los últimos años“. Y ha recordado que, en su primera comparecencia parlamentaria, el pasado mes de julio, anunció iniciativas como la introducción de mecanismos en transparencia en los procedimientos de selección de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial o de nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado, entre otras medidas.

Hay 250.000 personas que gozan de ese privilegio en España, un récord europeo, aunque en realidad 232.000 no son políticos sino guardias civiles y policías nacionales y autonómicos.

Recalcamos que esta medida en realidad no se eliminará, solo se acotará: se mantiene para los delitos cometidos “en el ejercicio estricto de su cargo” y se retira en los demás. La mayoría de los escándalos de los últimos años llegaron con delitos cometidos por políticos corruptos en el ejercicio de sus cargos.

De este modo, el Gobierno descarta eliminar por completo los aforamientos porque cree que tanto los miembros del Ejecutivo como diputados, senadores, jueces y fiscales, que también se verán afectados por la reforma, tienen que mantener alguna protección para frenar la oleada de querellas a las que, si no existiese, tendrían que someterse por sus decisiones.

Ahora mismo, un tribunal ordinario no puede bajo ningún concepto investigar a un diputado ni siquiera por un delito de tráfico o fiscal. Tiene que enviarlo directamente al Supremo. Podemos tomar como ejemplo el caso de Pablo Casado. Pero con la reforma del artículo 71.3 y 102.1 de la Constitución, el tribunal podría argumentar que el delito por el que está investigando al político no está estrictamente relacionado con el ejercicio de su cargo y seguir adelante.

En cuanto a las causas de corrupción, en las que los políticos suelen ser investigados por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo, como concesiones arbitrarias, contratos falsos o sobrecostes fraudulentos, según el Gobierno, si están claramente vinculados al ejercicio del cargo, seguirán siendo juzgados por el Tribunal Supremo en calidad de aforados, pero si no, por ejemplo con un enriquecimiento ilícito o un lavado de dinero, se podrá seguir adelante en el tribunal ordinario.

 

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