La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a la abogada gallega Tania Varela a un año y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 56.000 euros por cometer un delito de blanqueo de capitales. Con todo, el tribunal ha tenido en cuenta a la hora de dictar la pena la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Las magistradas han acordado el comiso del dinero utilizado para la comisión del delito y, en su caso, de sus transformaciones o equivalentes, para adjudicárselo al Estado a través del Fondo del Plan Nacional contra la Droga.

La narcoabogada se fugó en 2013 para eludir una condena de siete años de prisión y multa de 318 millones por tráfico de cocaína, actividad en la que se involucró tras asumir en 2004 la defensa del narco David Pérez Lago con el que mantuvo una relación sentimental, hijastro de Laureano Oubiña. Su larga escapada la aupó en la lista de Europol como la prófuga más buscada, con tres órdenes de detención por narcotráfico y blanqueo, hasta que fue detenida en marzo del pasado año en Sitges (Barcelona), donde había fijado su residencia con una identidad falsa.

Pese a que la acusada se defendió afirmando que siempre rechazó el narcotráfico aclarando que “solo me he dedicado a mi trabajo de abogada”, la Audiencia ha constatado todo lo contrario. La Audiencia ha considerado acreditado que la acusada, “como consecuencia de la actividad de narcotráfico” a la que se dedicaba, se ha “enriquecido” y, durante los años 2005 y 2006, ha realizado “operaciones con la finalidad de dar entrada en el tráfico mercantil lícito al dinero procedente del narcotráfico”.

Tras analizar las pruebas, el tribunal ha concluido que hay “indicios plurales y de entidad suficiente” que acreditan que la investigada ha ejecutado operaciones “cuyos pagos en efectivo denotan el manejo concreto de cantidades de dinero que no se justifican” y que suponen “la ocultación de al menos 70.000 euros, poco acordes con su nivel de ingresos”. Las juezas destacan las “maniobras llevadas a cabo por la sospechosa para ocultar su titularidad” y aseguran que “el origen delictivo de las cantidades blanqueadas” está acreditado.