El Pleno del Congreso ha dado hoy luz verde al Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, de universalización de la sanidad, que devuelve la asistencia sanitaria a los migrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles, sin que tengan necesidad de justificar su residencia.

Recordamos que la justicia había anulado la orden del Gobierno catalán que garantizaba la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña daba la razón al Ministerio de Sanidad, que en 2015 se opuso a la decisión de la Generalitat de mantener la cobertura médica a los inmigrantes que estuvieran empadronados. Un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy denegaba el servicio a los extranjeros indocumentados y el tribunal catalán cree que la orden del Govern vulnera el criterio básico establecido en la norma estatal, ya que supone una ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones.

El Pleno ha aprobado tres Reales Decretos-ley con lo que Pedro Sánchez consigue que quienes le apoyaron para su elección como presidente del Gobierno vuelvan a manifestar su apoyo a sus iniciativas, aunque con advertencias y condiciones.

Con los votos del PSOE, Unidos Podemos, PdECAT, PNV, ERC, Compromis y Bildu, se ha aprobado la universalización de la sanidad, la adaptación de la normativa de la Unión Europea sobre protección de datos y, por último, el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados. Estos dos últimos no tuvieron ningún voto en contra.

La protección de datos, por mandato europeo, o el aumento de personal para hacer frente al intenso incremento de peticiones de asilo son materias que no admitían mucha discusión como se ha apreciado en el pleno. Tampoco la vuelta a la universalidad de la sanidad, mermada por un decreto del gobierno de Mariano Rajoy.

El Partido Popular y Ciudadanos aprobaron el segundo y tercer reales decretos pero los populares votaron en contra de la universalización de la sanidad, en tanto que Ciudadanos se abstuvo al considerar que esta norma debía tramitarse como proyecto de ley para dar cabida al debate y las modificaciones.

De esta forma, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y con la abstención de Ciudadanos, han manifestado su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio, así como que se tramite como proyecto de Ley. La votación ha resultado en 173 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha defendido en la Cámara Baja la urgencia que había para utilizar la fórmula del Real Decreto-ley, la misma que usó el anterior Gobierno del PP en su reforma sanitaria, que dejó sin tarjeta sanitaria a los “sin papeles”, y que queda ahora parcialmente derogada. Se trata del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supuso, de facto, una vulneración de este derecho. La norma dejaba fuera de la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España. La prestación sanitaria quedó así limitada a la asistencia en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica y a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto.

Amnistía Internacional valora positivamente el Real Decreto-ley de sanidad, ya que constituye un avance respecto de la legislación anterior y mejora el acceso de las personas inmigrantes en situación irregular a la atención sanitaria. La organización considera positivo que no se exija el empadronamiento como criterio de acreditación de residencia ni antigüedad de residencia para acceder a la atención sanitaria, pero le preocupa que las personas migrantes en situación irregular durante los tres primeros meses de estancia en España necesiten un informe favorable de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas para acceder a los servicios sanitarios. En este sentido, Amnistía Internacional ha venido solicitando que no se impusiera un mínimo tiempo de estancia para acceder a la tarjeta sanitaria con el fin de blindar la universalidad en el acceso al atención sanitaria.

 

 

Imagen: Adhara