La presión de jueces y fiscales ha obligado al Gobierno a matizar su postura inicial sobre la defensa del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el ‘procés’, Pablo Llarena, tras la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Mientras que el Ministerio de Justicia aseguró en un principio que el Estado no asumiría la defensa de los actos “privados” de Llarena, el Ejecutivo salió con un nuevo comunicado para desdecirse de esas palabras, en el que decía que sí defendería al juez Llarena, además de a la jurisdicción española.

Por ello, el Ministerio de Justicia ha llegado a un acuerdo con el bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick para la defensa de la jurisdicción española y del instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

“Tras la formalización del contrato, el bufete belga asumirá la representación procesal del Estado y de Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo

La adjudicación supone 450.413,22 euros, a los que se suman además otros 94.568,78 en concepto de impuestos, ascendiendo así a un total de 544.982 euros. Este es el precio de la defensa conjunta del Estado y del juez, no es un dinero gastado exclusivamente en el magistrado Pablo Llarena. Es decir, aunque el Gobierno no quisiera hacerse cargo de la defensa del juez, tendría que contratar igualmente al bufete belga para la defensa de la jurisdicción española, con motivo de la demanda interpuesta por Puigdemont y varios de los exconsellers.

 

Algunos políticos se han manifestado al respecto:

 

La Moncloa comunicaba en una nota de prensa la defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo.

¿Qué es lo que ha dicho el juez Llarena en relación al ‘procés’ catalán?

Pablo Llarena participó en el mes de febrero de 2018 en las II Jornadas sobre delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas, celebradas en Oviedo y organizadas por Autosa BMW. Fue en ese marco en el que habló del “procés” catalán.

En esta conferencia, el juez Llarena definió el delito político, y dijo que las conductas que se habían llevado a cabo están recogidas en el Código Penal, por lo tanto, hay que investigarlas para saber si se han llegado a cometer delitos. En su opinión, el objetivo de la instrucción “es conocer los hechos y los términos en que se desarrollaron para que podamos hacer una calificación de si es delito en España e infracción penal en los países donde se encuentran fugados“.

Estas son las palabras literales del juez Llarena, pero la verdadera polémica se encuentra en la traducción de las mismas. La conferencia a la que acudió Pablo Llarena era en Oviedo, y se dirigió a los asistentes en español; en cambio, la demanda que presentó Puigdemont contra el juez ante los tribunales belgas, estaba en francés.

La disonancia entre la versión en castellano de las declaraciones de Llarena y la versión traducida al francés presente en la demanda interpuesta por Puigdemont fue detectada por un profesor francés hispanoblante, y cuya apreciación fue después difundida por varios juristas. La diferencia entre las dos versiones es evidente y refuerza la parcialidad de Llarena ya que en la traducción francesa se da por hecho una afirmación que en las palabras literales del juez no es tal.

La demanda en Bélgica traduce un supuesto “si es que esto es así” en palabras literales del juez Llarena, por una rotunda afirmación: “y sí, eso es lo que sucedió”

Puigdemont se ha ayudado de la traducción para tergiversar lo dicho por el juez Pablo Llarena, y tener así un mínimo de fundamento para interponer una demanda contra el juez.

Es obvio que el fin de la demanda no es resarcir los supuestos daños causados por el juez Llarena tras sus declaraciones, vista la ridícula cantidad que los políticos catalanes solicitan a modo de indemnización (1 euro), sino menoscabar el sistema judicial español en lo que se refiere al tratamiento del ‘procés’ catalán. Se trata de una artimaña política, más que una pretensión jurídica.

Estas actuaciones por parte de los políticos catalanes sirven para ralentizar el proceso iniciado en España y ganar tiempo, así como para dejar en evidencia al sistema judicial español cuestionando la independencia de sus órganos judiciales. Han convertido en un asunto privado entre políticos y juez lo que en realidad es una investigación en el seno de un proceso penal.

Tal y como dijo la asociación Jueces para la Democracia, Puigdemont se ha servido de las “normas y mecanismos judiciales para lograr el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en ejercicio de sus funciones”.

Argumentos de Carles Puigdemont

Según los ex miembros del Govern, Llarena habría mostrado en sus comentarios una falta de imparcialidad que le inhabilita para investigarles, por ello solicitan ser indemnizados por el magistrado con una cantidad simbólica de un euro. El abogado belga Christophe Marchand considera que el magistrado prejuzga los hechos al haber declarado que los políticos encarcelados en España no son presos políticos, según la defensa de Puigdemont. “Esta expresión a nuestro juicio basta para abrir un debate judicial“. “Emitió una opinión antes del juicio, fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó”, apuntó el abogado belga Paul Bekaert, al anunciar la presentación de la demanda.

Los exconsellers y Puigdemont argumentan que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.

Carles Puigdemont esgrime que España es un lugar donde se persigue “a las minorías por su ideología nacionalista” y sus simpatizantes sufren “violaciones sistemáticas de los derechos humanos”.

Recordamos que Carles Puigdemont ha llegado a proclamar la República Catalana a través de una declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre, tras los resultados de un referendum ilegal, carente de seguridad jurídica y sin garantías constitucionales. Todo ello en contra de las disposiciones de la Constitución.

Puigdemont insiste en la vulneración de sus derechos fundamentales por su ideología nacionalista. Los derechos fundamentales se recogen en la Sección 1, del Capítulo II del Título Primero de la Constitución, y el artículo 16.1 establece que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Si bien la Constitución garantiza la libertad ideológica, lo hace siempre dentro de los límites de la ley, incluyendo la propia Constitución, cuyas disposiciones han sido vulneradas por Puigdemont. Empezando por el artículo 2, en virtud del cual la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Además, Puigdemont asegura que la Justicia ha sido incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial, lo que lleva a jueces y fiscales a vulnerar la presunción de inocencia y señala a Llarena como uno de los máximos exponentes de este sistema, que “ha dictado múltiples decisiones que han demostrado claramente su falta de imparcialidad”, además de otras violaciones de derechos fundamentales.

Incluso llega a comparar España con Kazajistán, dos “Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales”.

Por ello, Llarena pidió al Consejo del Poder Judicial que le amparase en relación a la demanda presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y los exconsellers del Govern catalán Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

En relación a la traducción incorrecta de las palabras del magistrado, Puigdemont no podrá corregir el error en la traducción de las declaraciones de Llarena hasta estar ante el juez.

El coordinador de la defensa de los políticos independentistas encausados en el ‘procés’, Gonzalo Boye, ha afirmado este martes que informará al tribunal belga del “error” en la traducción al francés. Aunque la defensa no ha decidido aún el modo ni el momento en que comunicará el error y considera que no es un asunto relevante en la causa. En cualquier caso, no es posible modificar el escrito antes de la vista para decidir si se admite a trámite la denuncia. Boye ha negado taxativamente que exista cualquier alteración y ha apuntado que, en todo caso, puede ser un error del traductor. “Se lo vamos a preguntar al traductor y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda“, ha sentenciado.

 

Imagen: Europapress