El Ministerio de Defensa ha paralizado la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del Ejército español que podrían ser utilizadas para bombardear Yemen. El departamento dirigido por Margarita Robles habría iniciado los trámites para dejar sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en el verano de 2015, durante el Gobierno del PP, y va a devolver los 9,2 millones de euros abonados por este material bélico, que se encuentra en una base militar de Aragón a la espera de que los compradores lo recogieran.

Los trámites para paralizar este acuerdo se iniciaron el pasado mes de julio y los hechos han dado la razón al Gobierno de Pedro Sánchez. Solo unas semanas después, un bombardeo de Arabia Saudí en Yemen mató a 51 personas, entre ellos 40 niños. Además dejó 77 heridos.

Este contrato para la venta de 400 bombas se enmarca dentro de la operación “Tormenta de la Firmeza” y “Devolución de la Esperanza” que lidera Arabia Saudí contra los hutíes (movimiento rebelde). Esta coalición de países árabes considera como gobierno legítimo al yemení, del que los hutíes son opositores. La coalición de Estados árabes, liderada por Arabia Saudí, emprendió una campaña de bombardeos contra Yemen. La intervención tuvo lugar a petición del gobierno yemení, debido a una ofensiva de los hutíes.

El fin de la operación “Tormenta de la Firmeza” iniciada por Arabia Saudí tiene tres objetivos: defender la legitimidad en el Yemen; detener el avance de los hutíes y destruir su potencial militar e impedir las amenazas a la seguridad de los países vecinos y de la región, según ellos. La operación “Devolución de la Esperanza” se inició después de la primera, y tiene el objetivo de reconstruir el país y supervisar el proceso de transición que seguirá al conflicto armado, según los líderes árabes.

La firma del acuerdo comenzó en verano de 2015 con el entonces ministro Pedro Morenés, continuó con María Dolores de Cospedal y finalizará ahora con la actual titular. La petición formal de compra por parte de Arabia Saudí se hizo al amparo de la Resolución 2216 de Naciones Unidas que en ningún párrafo ampara la venta de armamento militar para usar en Yemen.

En esta Resolución el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresa profunda preocupación por la amenaza que plantean para la paz y la seguridad en el Yemen la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras.

Decide que todos los Estados Miembros deberán adoptar de inmediato las medidas necesarias para impedir que, de forma directa o indirecta, se suministren, vendan o transfieran a Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al-Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi y las personas y entidades designadas por el Comité establecido en virtud del párrafo 19 de la resolución 2140 (2014), armamentos y material conexo de cualquier tipo, incluidas armas y municiones, vehículos y equipo militares, equipo paramilitar y piezas de repuesto correspondientes, así como asistencia técnica, adiestramiento, asistencia financiera o de otro tipo, en relación con actividades militares o con el suministro, el mantenimiento o el uso de cualquier armamento y material conexo, incluido el suministro de personal mercenario armado, proceda o no de su territorio.

Los actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del Yemen también pueden incluir las violaciones del embargo de armas establecido en el párrafo 14 o la obstrucción del suministro de asistencia humanitaria al Yemen o el acceso a esa asistencia o su distribución en el Yemen.

Además, el Consejo exhorta a todos los Estados Miembros, especialmente a los Estados vecinos del Yemen, a que, de conformidad con su legislación interna y las facultades que esta les confiere y con arreglo al derecho internacional, en particular el derecho del mar y los acuerdos pertinentes sobre aviación civil internacional, inspeccionen toda la carga destinada al Yemen presente en su territorio, incluidos los puertos y aeropuertos, si el Estado tiene información que ofrezca motivos fundados para creer que la carga contiene artículos cuyo suministro, venta o transferencia estén prohibidos en virtud del párrafo 14 de la presente resolución, con miras a asegurar que esas disposiciones se apliquen estrictamente; confisquen y liquiden tales artículos (por ejemplo, destruyéndolos, inutilizándolos, almacenándolos o transfiriéndolos a un Estado distinto del Estado de origen o de destino para su liquidación), y que todos los Estados Miembros deberán hacerlo, y decide además que todos los Estados Miembros deberán cooperar en esas actividades.

A pesar de las disposiciones de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional sitúa a España como cuarto país en la lista de mayores exportadores de armas al reino saudí. Entre los últimos contratos, el más importante fue el de cinco corbetas por 2.000 millones de euros.

Con esta decisión del Gobierno se abre la puerta a la posibilidad de que nuestro país se sume otros como Suecia, Canadá, Finlandia, Noruega, Bélgica o Alemania que han paralizado sus exportaciones de armas a la coalición.

El Parlamento Europeo ha llamado en muchas ocasiones a los Estados miembros a cesar esta práctica. La última vez fue el pasado mes de noviembre y en todas ellas repite el mismo argumento: la alianza militar árabe viola los derechos humanos.

Desde el año 2015, más de 6000 civiles han muerto en la guerra civil de Yemen en la que se enfrentan el gobierno y los rebeldes hutíes. Distintas ONG elevan hasta los 22 millones el número de personas que necesitan asistencia humanitaria, lo que representa el 80% de la población. A ello hay que sumar los tres millones de desplazados que calculan estas ONG.

 

Imagen: RCI